Colombia es un país tomado por las
armas. Es imposible abstraerse a la aglomeración de polícias y
soldados que se acumulan en las plazas, calles y carreteras a lo
largo y ancho de su territorio. Con una dotación cada vez mayor de
efectivos (625.000 efectivos en el año 2010) la excusa de la lucha
contra el narcotráfico y la guerrilla ya no es creíble. Un oscuro
negocio, auspiciado por su socio del norte, se erige en el centro del
vendaval, con una sociedad civil cada vez más cansada de las
miserias diarias que ha de soportar en pos de una supuesta seguridad
que no se traduce en los hechos. Las estadísticas dicen que en
Colombia no solo no han descendido los pequeños delitos sino que han
aumentado; la guerrilla sigue activa y el los grandes beneficiarios del tráfico de drogas (en ambas trincheras) campan a
sus anchas. Sin embargo, las inversiones extranjeras en armamento y
equipaciones no paran de aumentar y, si bien es cierto que la gente ve
con otros ojos la política de interior del gobierno de Santos (el
actual presidente) respecto de la de su predecesor Uribe, el hartazgo
es generalizado ante las constantes vejaciones (cacheos, inspecciones de autos y
buses, detenciones arbitrarias...) y violaciones de derechos humanos. Sin contar con la
proliferación y consolidación de los grupos paramilitares que ejercen la ley del terror en
vastas regiones del interior del país.
En un solo trayecto llegué a vivir el
absurdo de 3 retenes consecutivos en menos de 30 km que nos hicieron
bajar y ser revisados, como si todo ese dispensario en equipamiento
no sirviera para comunicarse por radio y avisar de que tal autobus
esta limpio. La gente esta cansada. Además, los abultados sueldos de
las fuerzas represivas y su actitud de superioridad generalizada
respecto de los civiles va causando mella en la sociedad, que poco a
poco va aumentando su desprecio por unas fuerzas armadas que no
sienten como suyas. Todo atiende a una estrategia sistémica en la
que mandan las grandes fortunas y los intereses de los grandes
propietarios que ven en las reclamaciones históricas de la guerrilla
(muchas veces encarnadas en sectores de trabajadores en la actualidad y ya no en la propia guerrilla) una amenaza patentehacia sus intereses. Si bien es cierto que esta última no ha hecho
más que ganarse a pulso la indiferencia popular (cuando no el
rechazo), una parte creciente de la sociedad va comprendiendo que
todo es una farsa y que el dinero que es invertido en defensa bien
podría destinarse a luchar contra las causas de un conflicto que
no deja de ser el conflicto de siempre, el conflicto de cualquier
parte: el injusto reparto de la riqueza y la acumulación de esta en
pocas manos que no hacen más que perpetuar su status sin reinvertir
sus ganancias en mejorar las condiciones de la vida del país.
Los métodos para captar nuevos
integrantes son definitorios. Gentes humildes que fueron desplazadas
de sus tierras y que no han sabido comprender quien es el enemigo acaban engrosando las filas del aparato que les había
expulsado; se encuentran luchando para defender los intereses de sus
verdugos y disparando a lxs que pelean por mejorar las condiciones de
sus iguales. El mundo al revés; el absurdo mundo que deja a
Colombia, un país empobrecido y preso de los desgnios de sus
inversores extranjeros, con una militarización creciente que, lejos
de apaciguar sus conflcitos, no hace más que reavivarlos. Así,
Colombia tiene el honor de ocupar un aberrante tercer escalón en el
podio de las inversiones en seguridad con relación a su Producto
Interior Bruto, sólo superado por Israel (8,7%) y Burundi (6,3%). Por
no hablar de las cantidades recibidas de forma indirecta desde
Estados Unidos en campañas como el famoso Plan Colombia.
Ante una creciente conflicitividad social, fruto de la expresiones cada vez más descaradas de la desigualdad en el seno de las jóvenes democracias sudamericanas y de los anhelos inalcanzados de una población acostumbrada a la sumisión, la respuesta de los gobiernos, como en el caso de Colombia, es la porra y las balas. Mientras tanto, la educación, el acceso a la información y el trabajo, la industria, la reforma agraria y las políticas sociales se quedan, ahogadas, en el fondo de las agendas.




